A menos de un mes para las elecciones generales más importantes de la democracia reciente, los partidos políticos de la oposición se han enzarzado en una lucha sin cuartel para ver quién ofrece el mejor subsidio provisto por el Estado del Bienestar.
Es incuestionable que vivimos una situación de emergencia social. A pesar de que la economía española crecerá en torno al 3% este 2015 y las previsiones apuntan un crecimiento del 2.7% para el próximo año, la tasa de desempleo según la EPA es superior al 21%. Las cifras hablan por sí solas, “Spain is different”; más de la mitad de nuestros jóvenes quieren trabajar y no pueden, somos el país con mayor desempleo de la Unión Europea a excepción de Grecia, más que duplicamos la tasa de paro de la media de la Unión y multiplicamos por cuatro la tasa del país de referencia, Alemania.
Es evidente que algo no funciona en el mercado laboral español y hasta la fecha las reformas emprendidas no han tenido resultados sustanciales. Además, no damos solución a otro gran problema del mercado laboral, la dualidad. Una dicotomía entre trabajadores indefinidos muy protegidos por el sistema y otros de carácter temporal sin apenas derechos que rotan de trabajo en trabajo incapaces de salir de una situación precaria. Por si no fuera poco, se generan incentivos perversos que redundan en baja productividad, lo cual, agrava el problema y ralentiza el crecimiento potencial de nuestra economía.
Ante la primera preocupación de los españoles según el CIS, los partidos políticos han lanzado una batería de propuestas para minimizar el problema. Ciudadanos se ha propuesto terminar con la dualidad, para ello propone un contrato único de indemnización creciente a los nuevos contratos que pretende igualar a todos los trabajadores en derechos con el objetivo de mejorar la productividad. Sin embargo, su medida estrella es el llamado complemento salarial. Esta herramienta de política económica que ya funciona en países como Gran Bretaña o EEUU, tiene el objetivo de garantizar un salario digno mínimo a todos los trabajadores. El complemento funciona como un impuesto negativo sobre la renta, es decir, los trabajadores que tengan un salario inferior de lo que el Estado considere digno, recibirán una subvención complementando su salario a través la declaración de la renta.
Existen dos grandes ventajas e inconvenientes que podemos subrayar de esta herramienta. Por un lado, una medida de estas características incrementa la oferta laboral e incentiva a la gente a buscar y aceptar un mayor número de trabajos ya que reciben un salario digno que les permite salir de una situación precaria. Además, terminaría con la trampa de la pobreza, la cual sostiene que una persona que recibe un subsidio por no disponer de ingresos propios no aceptaría un futurible trabajo ya que dejaría de cobrar la prestación subsidiada por el Estado. Con el complemento esto ya no ocurre porque la condición sine qua non para percibir el complemento salarial es disponer de un trabajo. Por otro lado, puede ocurrir que algunas empresas pudiendo pagar un sueldo mayor a sus trabajadores acuerden con ellos una retribución menor y finalmente seamos los contribuyentes los que tengamos que hacer frente a esos salarios. Además, se puede dar el caso de que estas subvenciones hagan rentables actividades que por sí solas no lo son con la consecuente mala asignación de los recursos, entorpeciendo el cambio del modelo productivo que urgentemente necesita este país.
No solo Ciudadanos se ha apuntado a la batalla de las propuestas, hace pocas semanas conocíamos que Podemos incluye en su programa económico el complemento salarial para aquellos salarios inferiores a 900 euros. Además, la formación de Pablo Iglesias está dispuesta a aumentar progresivamente el salario mínimo interprofesional hasta situarlo en 800 euros el año 2018 y promete una renta garantizada de 600 euros para aquellas familias sin ingresos en lo que según la formación morada es el primer paso hacia ese máximo: La renta básica universal.
Como no podía ser de otra manera, el PSOE tampoco ha querido quedarse atrás y también incluye en su programa electoral una mejora sustancial de las rentas mínimas garantizadas y aumentos progresivos del salario mínimo interprofesional situándolo en 1000 euros en el plazo de dos legislaturas.
El abanico de propuestas no deja de subir en la vertiginosa carrera electoral. Sin duda, los políticos tienen la obligación de buscar soluciones para atajar el gran problema del paro y la precariedad, las subvenciones estatales pueden ser un arma importante en el corto plazo. Sin embargo, los árboles nos tienen que dejar ver el bosque. Un empleo no es solamente un medio para conseguir ingresos y subsistir. Como diría el propio Marx: “El trabajo dignifica al hombre”. Por esta razón, nuestros representantes públicos deben velar por generar un clima propicio donde el empleo no sea un bien escaso y seamos los seres humanos quienes con nuestra autonomía tengamos la capacidad de generar los recursos para desarrollar nuestros planes vitales.
Juan Francisco Albert Moreno
Estudiante de economía
twitter: @jf_albert
