Ros ante la justicia

Viernes, 18 Junio 2021 10:25 Escrito por  Antonio Martínez Publicado en Opinión política Visto 363 veces
Valora la noticia
(0 votos)

Hace unos días fuimos conocedores de la apertura de diligencias contra el alcalde de Torrent por presunta prevaricación administrativa al incumplir la Ley de Gran Ciudad. Como se indica en la denuncia, dicho incumplimiento se produce al dejar de crear órganos de participación ciudadana como el Consejo Social, la Oficinas de Registro, el Tribunal Jurídico-Económico o la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones; siendo ésta última aprobada en sesión plenaria a propuesta de nuestro grupo municipal, VOX TORRENT, sin haberse siquiera constituido a pesar de las innumerables veces que lo hemos solicitado.

 

En el año 2010, nuestra localidad fue incluida en el Régimen de Organización de los Municipios de Gran Población, con todas las ventajas que tal consideración conlleva, así como con todas sus obligaciones, las cuales no han sido adaptadas en su totalidad. La adecuación a la Ley de Gran Ciudad no sólo se circunscribe a la creación de órganos de participación ciudadana, sino a la distribución y organización de determinados órganos internos del Ayuntamiento. En este sentido, la aplicación plena del nuevo régimen de organización, así como el propio Reglamento del Ayuntamiento de Torrent, recoge la creación de órganos directivos como la Asesoría Jurídica, la Intervención General Municipal, la Tesorería, el Órgano de Gestión Presupuestaria y el Órgano de Contabilidad. Cabe señalar que éste último fue suprimido por el equipo de gobierno en octubre de 2020; con lo que, unido a la no creación de los órganos externos, base de la denuncia, evidencia el incumplimiento de nuestro propio Reglamento. Dicha actuación, por tanto, no hizo más que confirmar que la consideración de Torrent como municipio de gran población sólo es aplicable en aquellas circunstancias que interesa al equipo de gobierno; suprimiendo y modificando artículos del Reglamento según conviene, al amparo de la libertad conferida por pertenecer al régimen de municipios de gran población. Desde VOX le decimos al gobierno de Torrent que, si no es capaz de estar a la altura de las obligaciones inherentes a este régimen de organización, debe solicitar revocarlo y regresar al régimen común; aunque también sabemos que ello restaría competencias a la Junta de Gobierno Local y su libertad de actuación se vería disminuida; motivos suficientes para evitar dicho movimiento.

 

El Ayuntamiento de Torrent cuenta con un abultado remanente para afrontar la creación de los órganos a los que está obligado por la Ley de Gran Ciudad; sin embargo, el equipo del Sr. Ros prefiere destinar los ahorros de los torrentinos en compras inútiles como la del Palacete Giner-Cortina (cuyo coste, además de su adquisición está estimado en más de 2 millones de euros), la Malagueña (698.000 euros), el edificio Cervantes (678.000 euros) y un sinfín de modificaciones presupuestarias a cuenta del remanente de Tesorería en lugar de reducir el IBI, el Impuesto de Circulación, ampliar las ayudas al comercio, hostelería y ocio nocturno, apoyar a las familias numerosas o realizar inversiones en el Polígono Mas del Jutge; área industrial y económica donde resulta necesario reforzar su actividad.

 

Desde el grupo municipal VOX TORRENT esperaremos a que la Justicia se pronuncie al respecto y llegado el momento, si prospera la denuncia, exigiremos las responsabilidades políticas pertinentes.

 

Antonio Martínez

Portavoz adjunto del

Grupo Municipal Vox Torrent