In dubio pro compliance

Viernes, 11 Diciembre 2020 12:04 Escrito por  Manuel Sarrión Publicado en Zona Pyme Visto 282 veces
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La reforma del Código Penal del año 2010 supuso un cambio sustancial en el panorama de responsabilidad de las empresas -personas jurídicas- provocando que pudieran responder como tales en el marco de un proceso penal, y sufrir como tales personas jurídicas, las penas previstas en el Código específicas, que podían ir desde la intervención judicial, la imposición de fuertes multas e incluso la disolución forzosa en los casos más graves.

 

En estos diez años de aplicación se han impuesto más de 3.000 millones de euros en sanciones a empresas, y el Tribunal Supremo se ha pronunciado en un total de 37 sentencias sobre el particular, estableciendo una base de doctrina muy apreciada por los profesionales que nos dedicamos al cumplimiento normativo, el Compliance Penal.

 

La primera de las sentencias del Tribunal Supremo sobre el Compliance fue la de 26 de febrero de 2016, y sentó las bases de su aplicación, los requisitos para su eficacia, y la importancia para las empresas de disponer de mecanismos eficaces de prevención de delitos, así como los beneficios que les reportaba, con una reducción de responsabilidad penal o incluso su exoneración, al considerar como eximente la implantación del programa de cumplimiento en una empresa que posteriormente es investigada.

 

La implantación del sistema de Compliance penal en la empresa supone la aplicación del sistema de autorresponsabilidad, como se establece en la sentencia citada, estableciendo el autocontrol dentro de la empresa, para que no se cometan delitos. Así, el mero hecho de tener implantado el sistema, debería suponer que fuera la acusación quien probara que ese sistema no es eficaz para evitar la comisión del delito, de forma que se aplicara una especie de “beneficio de la duda” -de ahí el título de este artículo- en favor de la empresa cumplidora, al igual que sucede con los acusados personas físicas que son inocentes hasta que se demuestre lo contrario -presunción de inocencia e “in dubio pro reo”-.

 

Esperemos que se consolide este planteamiento, y veamos ya plasmado este nuevo principio del derecho penal y sancionatorio en general, que premie la preocupación y la autorresponsabilidad de las empresas, a las que deben aplicarse los mismos beneficios y principios que a los acusados personas físicas, así lo defendemos.

 

Manuel Sarrión

PRO IURIS Abogados y Mediadores

Abogado, Mediador y Compliance Officer

Miembro Grupo ACE

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