¿Seguridad jurídica?

Dijous, 30 abril 2020 18:01 Escrit per  Manuel Sarrión Sierra Publicat en Zona Pyme Val Vist 689 vegades
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Vaya por delante que en una situación como la actual es tremendamente difícil de gestionar; creo que a nadie le gustaría estar en la piel de nuestros gobernantes en momentos en el que cualquier decisión puede tener un coste en vidas y económico. La situación actual es de una gravedad tal que sinceramente pienso que nadie estaba preparado para afrontarla, y es comprensible que no se siga una línea recta en la búsqueda de una solución.


Dicho todo lo anterior, humanamente comprensible, como abogado creo que debemos exigir al legislador -y en este momento al ejecutivo, dados los poderes especiales que le confiere el estado de alarma decretado en España- un respeto al principio de seguridad jurídica garantizado en nuestra Constitución (art.9.3), que ha sido entendida por el Tribunal Constitucional en primer lugar como la certeza sobre el ordenamiento jurídicamente aplicable y los intereses tutelados, procurando la claridad normativa, y en segundo, como la expectativa razonablemente fundada de los ciudadanos en cuál ha de ser la actuación del poder en la aplicación del Derecho. En definitiva, que los ciudadanos sepamos en todo momento las consecuencias jurídicas de nuestros actos, en todos los aspectos del Derecho.


En estos días estamos viendo cómo se publican incesantemente normas que muchas veces son corregidas a los pocos días -cuando no en el mismo día-, exigiendo un esfuerzo interpretativo a todos los operadores jurídicos, con la inseguridad que ello supone, y provoca la toma de decisiones empresariales que caducan a la misma velocidad. Puedo entender la necesidad de dar buenas noticias en estos tiempos, pero no que ese voluntarismo se traslade al BOE, que ha publicado ediciones de madrugada.


Ahora se nos ha facilitado un calendario con distintas fases de desescalada, y tan solo en dos días las redes se han inundado de comentarios, interpretaciones, -incluso memes-, a cada cual más confuso. La influencia de las redes sociales, y más en tiempos de confinamiento, es innegable, y la desinformación crece por momentos; no es el mejor caldo de cultivo para acertar en nuestras decisiones, desde luego. Ayer, sin ir más lejos, para tratar de responder a un cliente sobre una consulta que me estaba realizando, tenía que estar consultando simultáneamente ocho BOE que se relacionaban entre sí, creando una suerte de laberinto imposible de resolver. Eso por no hablar de los asesores a los que en estos días los clientes acribillan a preguntas sin respuesta que tienen que ir rectificando con cada modificación. Sirva de ejemplo el Real Decreto del día 28 de abril, sobre medidas en el ámbito de la Justicia, del que ya he visto varias interpretaciones en distintos foros profesionales, y nada menos, sobre el momento de reactivación de los plazos procesales.


Como decía el Tribunal Constitucional, la seguridad jurídica implica claridad normativa, y es lo mínimo que podemos exigir en estos momentos, en la medida de lo posible. La confianza en nuestros asesores y abogados está en juego, porque nuestras decisiones se apoyan en sus consejos, y no estamos en momento de errar. Hay demasiado en juego.

 

Manuel Sarrión

PRO IURIS Abogados y Mediadores

Abogado, Mediador y Compliance Officer

Miembro Grupo ACE

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Modificat el Dijous, 30 abril 2020 18:12